La saga colonial de Puerto Rico

Roberto A. Fernández
17 min readAug 26, 2023

(Este es el borrador del Capítulo 3 del que será mi segundo libro, tentativamente titulado Subordinación o Libertad: En busca del tiempo puertorriqueño).

En el siglo 15, se dieron en Europa eventos y desarrollos que desembocaron en la expedición capitaneada por Cristóbal Colón en 1492. El objetivo original de los viajes de Colón fue establecer una ruta nueva para comerciar con Asia. Una vez los europeos se enfrentaron a la realidad de que habían llegado a un continente antes desconocido para ellos, el plan cambió. A partir del siglo 16, la región del Caribe fue el primer escenario de la competencia de las emergentes naciones europeas por expansión, riqueza, y poder.

Las riquezas a extraerse de América serían acaparadas por las monarquías nacionales y por hombres «emprendedores». Para ello, los europeos se valieron de la explotación de otros seres humanos, tanto los nativos de las tierras conquistadas como los africanos que adquirieron, como si fueran propiedad mueble, para esclavizarlos. Al principio, la minería y la agricultura serían los medios principales de explotación de seres humanos y de las nuevas tierras, y de obtención de riqueza para unos pocos. El devenir humano no ha cambiado tanto. Los acaparadores han explotado a otros seres humanos desde que la invención de la agricultura hizo posible los sobrantes.

Puerto Rico bajo España

Se nos ha dicho que los taínos llamaban a Puerto Rico Borikén. Esos habitantes mayoritariamente sucumbieron a los virus, las armas, los caballos, y los perros de guerra de los soldados y colonos españoles. La crueldad que desplegaron los conquistadores en el Caribe y en el resto de lo que hoy conocemos como América Latina ha sido documentada desde los tiempos de Fray Bartolomé de las Casas. Nuevos pueblos también surgen de episodios deplorables.

En Puerto Rico, los siglos 16, 17 y 18 se caracterizaron por la escasa población, la cual reflejaba la poca importancia económica que la corona española le dio a la Isla. En esos tres siglos, la población de Puerto Rico tenía que depender de ella misma, pues la constante que recibieron de las autoridades durante ese periodo fue el desvalimiento. [1]

Hasta finales del siglo 18, Puerto Rico estaba escasamente poblado. Una serie de decretos monárquicos ofrecieron incentivos que indujeron a europeos a emigrar a la colonia. Otros que luego arribaron incluyeron a quienes huían de América del Sur a principios del siglo 19, cuando el dominio español se derrumbó como consecuencia de las guerras de independencia continentales. A mediados del siglo 19, otras reformas e incentivos impulsaron nuevas migraciones y la actividad económica, a la vez que desataron procesos que resultaron en la explotación de trabajadores y pequeños propietarios, lo que creó resentimientos profundos.

En el crucial siglo 19 emergió en la sociedad colonial puertorriqueña una élite profesional y propietaria que se haría sentir durante el resto del siglo. Ese sector organizó y dirigió los primeros partidos políticos, en un entorno que incluía un aparato represivo comandado por los gobernadores militares de la época, nombrados por el monarca español de turno. Algunos miembros de esa élite lideraron la primera insurrección contra España en 1868, declarando la República de Puerto Rico.

Luego del fallido Grito de Lares, la represión se volcó no solamente contra los «separatistas», sino también contra aquellos que abogaban por reformas, en forma de autogobierno o «autonomía», sin separación de España. Es «durante las últimas tres décadas del siglo xix» que surge y se comienza a desarrollar «la tradición reformista-autonomista». [2]

Una tercera facción, los conservadores, preferían la permanencia del statu quo colonial, con la monarquía española como su elemento unificador. El programa original de ese partido, de 23 de marzo de 1871, incluyó entre sus objetivos «una bien organizada Universidad, de la cual no salgan, como salieron de La Habana, ingratos enemigos de España.» [3] Consignaba el mismo documento que los «enemigos de nuestra nacionalidad y prosperidad» eran los que «arrancarían el pabellón protector de España de los últimos pedazos que en la América española aún quedan; de estas dos Islas que todavía reflejan, a pesar del crimen de Yara, que por ellas circula la savia que hizo opulentos, tranquilos y felices a Méjico, Venezuela y al Perú».[4]

En ese programa de los conservadores se manifiesta una forma de ver y actuar que llega a nuestros días, según la cual la lealtad al régimen metropolitano se ensalza como virtud; y todo pueblo latinoamericano es atrasado e infeliz por no ser, como nosotros, parte de Estados Unidos –antes, por haberse separado de España. [5]

Puerto Rico, USA

Cuando estalló la Guerra Hispanoamericana, Puerto Rico tenía poco menos de un millón de habitantes. El subdesarrollo era evidente, a pesar de los avances económicos y sociales acaecidos en el siglo 19. Todavía no existía una universidad, y la educación pública primaria y secundaria era muy limitada, lo que explica los altos niveles de analfabetismo. Si ese cuadro no contribuyó a las actitudes paternalistas y de desprecio del nuevo imperio, sí facilitó la racionalización de esas actitudes.

El armisticio de 4 de agosto de 1898 dictó que Puerto Rico sería «cedido» al incipiente imperio estadounidense, como se transmite la posesión de un pedazo de tierra. El Tratado de París, firmado el 10 de diciembre de 1898, estableció que «el Congreso determinará los derechos civiles y el estatus político de los habitantes nativos de los territorios cedidos por el presente a Estados Unidos».

A partir de 1901, el poder judicial estadounidense ha sostenido que el Tratado de París le otorgó al Congreso «poderes plenarios» (poderes exclusivos) sobre Puerto Rico, los cuales también surgen de la autoridad que le confiere la llamada Cláusula Territorial de la Constitución de Estados Unidos. La misma establece en lo pertinente: «El Congreso tendrá poder para disponer de y aprobar todas las normas y reglamentos necesarios con respecto al territorio u otra propiedad perteneciente a Estados Unidos».[6]

En Downes v. Bidwell, [7] el Tribunal Supremo de Estados Unidos sostuvo que «poseer» colonias y negarles derechos políticos a sus habitantes, privándolos de ser gobernados con su consentimiento, no ofende la Constitución de dicha nación. Puerto Rico, sostuvo dicho Tribunal, «pertenece a, pero no es parte de, Estados Unidos». La nueva posesión es «un territorio no incorporado» a ser gobernado según lo disponga el Congreso, el cual ejerce poder exclusivo sobre la Isla y sus habitantes.

Además, agregó el Tribunal en lenguaje explícitamente racista, los puertorriqueños son miembros de una «raza alienígena», lo que los incapacita, tanto para gobernarse a sí mismos, como para participar en el proceso político estadounidense. [8] Al día de hoy, esos «principios» aún forman parte del derecho constitucional estadounidense; son nociones que se han mantenido firmes, incluso después de 1917, cuando el Congreso declaró a los puertorriqueños «ciudadanos de Estados Unidos».

La devastación de Puerto Rico

El 8 de agosto de 1899, un huracán categoría 4 tocó tierra en Puerto Rico. Era el día de la fiesta de San Ciriaco en el calendario católico. La cifra estimada de muertos fue de 3,369 seres humanos. Las pérdidas materiales ascendieron a 20 millones de dólares, pues San Ciriaco destruyó la cosecha de café y el resto de la agricultura. De una población de un millón, aproximadamente 250 mil personas se encontraron sin comida o refugio, mientras que los servicios eléctricos, telefónicos y telegráficos se interrumpieron por tiempo considerable.

Siete meses después, el 8 de marzo de 1900, se discutía en el Senado estadounidense si los puertorriqueños deberían reembolsar la ayuda que había enviado el gobierno de Estados Unidos. La noción le pareció deplorable al Senador Edmund Pettus, demócrata de Alabama, quien la caracterizó de «ilegal y difícilmente decente». [9] Los puertorriqueños pagarían por todo, y mucho más. Doce décadas después, nuestra cuenta se tornó más alta –sobre 100 mil millones de dólares– una deuda que no nos benefició, pero que se pretende que paguemos con lo que queda de nuestros medios de vida y con la desaparición de la esperanza de un futuro que merezca la pena. Poco cambia bajo el sol.

Aristócratas bostonianos, azúcar y explotación

Antes de 25 de julio de 1898, fecha de la invasión de Estados Unidos a Puerto Rico, capitalistas y políticos estadounidenses ya contaban con su anexión como colonia, y con utilizarla para la expansión y especulación empresarial. Entre ellos se encontraban banqueros de Boston, quienes comenzaron a llegar a la Isla poco después de la firma del armisticio de 4 de agosto de 1898. Uno de ellos, John Dandridge Henry Luce, era amigo íntimo y cuñado del senador de Massachusetts, el brahmin de Boston Henry Cabot Lodge.

El 15 de julio, diez días antes de la invasión, J.D.H. Luce le escribió a Lodge: «Como imperialista, ¡no te sorprenderá que desee estar en la primera fila de la expansión colonial! En resumen, estoy muy ansioso por ir a Puerto Rico». [10] De hecho, en correspondencia de mayo de 1898, Lodge y Theodore Roosevelt (entonces secretario de la marina) se muestran de acuerdo en que uno de los objetivos de la guerra es arrebatarle Puerto Rico a España. Porto Rico [sic] is not forgotten and we mean to have it, le escribió Lodge a Roosevelt el 24 de mayo de 1898.[11]

Míster Luce y sus socios querían conseguir que el Secretario del Tesoro los hiciera exclusivos depositarios del dinero del gobierno militar de los Estados Unidos en Puerto Rico. Lodge accedió a darle ayuda para que su recién creado banco fuese designado como el agente fiscal de tal gobierno militar. Luego de que el mismo Presidente McKinley intercediera, esos depósitos se hicieron en el banco de Luce y sus socios. En 1899, compraron la vasta Central Azucarera de Aguirre, en Salinas.

Frank Dillingham, un abogado de New York, también adquirió terrenos en Puerto Rico, lo que permitió que hiciera una fortuna en la industria azucarera. [12] Dillingham y otros inversores incorporaron en New Jersey la Porto Rico Sugar Company, a través de la cual adquirieron y operaron la central azucarera más grande de Puerto Rico, la Central Guánica. Otro grupo de New York era dueño de la Fajardo Sugar Company. [13]

En el contexto de la disputa sobre el presupuesto de 1909 entre la Cámara de Delegados y el gobernador estadounidense, el congresista Atterson Rucker, de Colorado, era consciente del rol del archipiélago en la expansión capitalista: the question in its acute form is whether this Congress will allow the government we have established there, and by which so many Americans with their capital have found permanent footing, to be subverted. [14]

La miseria de los trabajadores de la industria azucarera fue incluso objeto de una investigación del Departamento del Trabajo del gobierno estadounidense, a cargo de un Joseph Marcus. [15] Las huelgas durante la década de 1910, las denuncias de Santiago Iglesias, ni la investigación Marcus tuvieron el efecto de mejorar las condiciones de vida y de trabajo de decenas de miles de padres de familia puertorriqueños. [16]

Esa aventura capitalista y explotadora inició una práctica, que sobrevive hasta hoy, de usar la Isla y sus habitantes para ganar dinero y eventualmente huir con la mayor parte del botín. Puerto Rico ha sido una fuente de tierra y mano de obra baratas, un paraíso fiscal que cuenta con ingenieros, técnicos y trabajadores administrativos capaces y disciplinados, al servicio de las corporaciones estadounidenses y sus ganancias.

Después de 1898, la economía y las instituciones puertorriqueñas se reorganizaron para satisfacer los intereses capitalistas y estratégicos de Estados Unidos. [17] El cuñado de Lodge fue uno de los primeros businessmen quienes, hasta el día de hoy, van a la Isla para ganar dinero, pagar poco o nada de impuestos, pagar salarios más bajos que los que tendrían que pagar en otros lugares, y no reinvertir sus ganancias en Puerto Rico.

A principios del siglo 20, la destrucción de cualquier posibilidad de desarrollo económico autóctono produjo un ejército empobrecido de trabajadores agrícolas, del cual las compañías azucareras obtendrían las manos macilentas y los estómagos mal alimentados que trabajarían la tierra, a cambio de salarios miserables. Era un sistema de explotación, ya implantado en las plantaciones del sur de los Estados Unidos luego de 1865, el cual por décadas mantuvo a una porción significativa de los afroamericanos en un estado de cuasi esclavitud, sin educación ni derechos políticos.

Durante los primeros cuarenta años de dominio estadounidense, los puertorriqueños estaban tan o más pobres, y tan o más explotados, que bajo el colonialismo español. Lo fascinante es que ello no fue suficiente para desarrollar algún resentimiento significativo ante la explotación estadounidense; mucho menos un sólido deseo de independencia. Mucha de la responsabilidad recae en un liderato político pusilánime, miope, mentiroso y egoísta. Pero hay otros factores –políticos, históricos, materiales, culturales, y hegemónicos– que iré analizando en los últimos dos capítulos.

Luego de la Segunda Guerra Mundial, se estableció un proyecto de industrialización por invitación que se entroncaba en mano de obra barata y tratamiento contributivo preferencial. Ese modelo comenzó a declinar a partir de la década de 1960, para eventualmente colapsar en o alrededor de 2006. Ese modelo de la Administración de Fomento siempre estuvo abocado a fracasar, a no generar desarrollo económico. La estructura misma de los incentivos y el tipo de capitalista que atrajo tuvo la consecuencia de que las industrias se iban de Puerto Rico cuando expiraba la exención contributiva. [18]

Estasis colonial

Luego de más de 125 años, la relación entre Puerto Rico y Estados Unidos ha cambiado muy poco. Su esencia colonial permanece. En 1900, el Congreso estableció una estructura gubernamental con un poder ejecutivo autocrático, encabezado por un gobernador designado por el presidente de Estados Unidos. Conocida como la Ley Foraker, esa legislación era menos liberal que la Carta Autonómica de 1897, mediante la cual el gobierno español le concedió a Puerto Rico poderes de gobierno más amplios de los que tiene al día de hoy.

La Ley Foraker estableció que todas las «leyes federales» que no sean «localmente inaplicables» se harán cumplir en Puerto Rico. Esa disposición sobrevive hoy en la Ley de Relaciones Federales de 1950, cuyas disposiciones provienen a su vez de la Ley Jones de 1917.

La Ley Jones, que reemplazó a la Ley Foraker, unilateralmente declaró a los puertorriqueños ciudadanos de Estados Unidos. Los políticos y burócratas estadounidenses de la época hicieron claro que el propósito de tal acción era mantener y reforzar el control colonial sobre Puerto Rico, y así mantener a Puerto Rico como una posesión de Estados Unidos. El gambito de la «ciudadanía americana» ha funcionado, al facilitar que la mayoría de los puertorriqueños se sientan parte de una nación que ha desplegado poder global por más de 100 años.

Hacia 1910, algunos burócratas y legisladores estadounidenses expresaron la convicción de que convertir a los puertorriqueños en ciudadanos estadounidenses sería un desarrollo bienvenido en la isla; y que tendría el efecto de reforzar el dominio estadounidense sobre Puerto Rico. [19] Se expresaba la noción de que el descontento en la isla disminuiría con la ciudadanía, y que la agitación del pequeño sector independentista perdería considerable fuerza.[20] Woodrow Wilson estuvo a favor de hacer ciudadanos a los puertorriqueños, a la vez que expresó que no haberlo hecho aún era la única fuente de la insatisfacción de los puertorriqueños. También expresó que tal desarrollo tenía que disociarse de cualquier idea de admitir a Puerto Rico como estado. [21] El Tribunal Supremo de Estados Unidos le dio su imprimatur a esa política en Balzac v. Porto Rico, [22] un caso decidido por el ex presidente Taft, actuando como Juez Presidente.

Es por ello que Cabranes tilda la «naturalización colectiva de los puertorriqueños» de 1917 como «un momento decisivo en la historia colonial estadounidense y muy probablemente el punto de inflexión en el desarrollo político de Puerto Rico».[23] Gatell se expresó en términos similares: No event in Puerto Rican history has been more important in shaping the course of the island’s development than the grant of collective United States citizenship in the Jones Act of 1917. [24] Rivera Ramos afirma que la ciudadanía estadounidense ha sido «un elemento crucial en la reproducción de la hegemonía estadounidense entre la población puertorriqueña».[25]

En 1922, el Tribunal Supremo estadounidense decidió el último de los casos insulares, culminándolos con la doctrina de que la ciudadanía estadounidense de los puertorriqueños no cambiaba su condición de súbditos coloniales. [26] Por lo tanto, el catálogo de derechos a oponerle al estado federal de Estados Unidos es menos extenso que el de los ciudadanos que viven en los estados, mientras continúan siendo gobernados por funcionarios que no responden a la isla y sus habitantes.

Aún privada de derechos políticos, esa ciudadanía «estatutaria» es «de segunda clase». Por otro lado, aunque migrar a Estados Unidos permite ejercer el derecho al voto, ello nunca se ha traducido en igualdad sustancial. En Estados Unidos de América, los puertorriqueños siempre hemos sido parte de «los otros», con nuestro valor oculto a los ojos de los estadounidenses ordinarios y de sus políticos por una nube de ignorancia, prejuicios, desconcierto, condescendencia, y desprecio. No es insólito que al explotado y ninguneado también se le desprecie. [27]

El hasta ahora sin salida callejón colonial se ha perpetuado en parte gracias a la existencia en Puerto Rico de dos facciones partidistas que, a pesar de la futilidad de sus respectivas quimeras de estadidad y autonomía, han monopolizado el poder y el discurso desde 1900. Por más de un siglo, los gobernantes estadounidenses han hecho claro su desinterés en hacer de Puerto Rico un estado o en permitirle el ejercicio de poderes gubernamentales más amplios que los de los estados. A pesar de ello, esas dos facciones aún no reaccionan a más de 125 años de consecuente política estadounidense de perpetua subordinación colonial.

Esa política de perpetua dominación fue justificada por el racismo articulado en 1901 por el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Gobernarse a sí mismo es una capacidad que se le negó a las «razas inferiores», «mestizas» o «alienígenas». Según esa visión, conveniente como es para el poder dominante, los puertorriqueños no son aptos para el autogobierno ni para la mera igualdad formal de la estadidad.

La etapa actual de la perenne explotación

A partir de 1969 las dos facciones de «estadistas» y «estadolibristas» se alternaron en el control del gobierno de Puerto Rico, a la vez que le daban rienda suelta a su avaricia y perfidia, a su desdén por sus conciudadanos puertorriqueños y a la mala administración. Su objetivo no articulado ha sido enriquecerse y enriquecer a sus aliados. La última encarnación de los saqueadores incluye a los buitres financieros, cortesía de Wall Street. Para aquellos puertorriqueños que anhelan cambios profundos, los desafíos por delante son formidables.

La inversión industrial fue gradualmente sustituida por productos financieros tóxicos, encabezados por las hipotecas subprime y los bonos municipales de Puerto Rico, los cuales presentaban una atractiva triple exención de contribuciones desde la Ley Jones de 1917.

Privado Puerto Rico de los medios para la posibilidad de desarrollo económico, su gobierno se convirtió en el principal empleador de la Isla, el cual cayó en la trampa del endeudamiento para sostener ese rol, y el de motor y apoyo de la actividad económica. No hay duda de que su colapso financiero y operacional se aceleró o empeoró por malas prácticas, muchas de corte neoliberal; así como por la corrupción de una élite gobernante que ha desplegado por décadas un monstruoso desprecio por Puerto Rico y por los puertorriqueños. Algunos de los miembros de la Junta de Control Fiscal, incluso su primer presidente, José Carrión, forman parte de esa camarilla despiadada. No es de extrañar, ni es casualidad, que esa Junta ha estado plagada de conflictos de intereses. Dos de sus miembros originales participaron, como banqueros en la banca privada y al mando del Banco Gubernamental de Fomento, en la jauja de la compraventa de los dichosos bonos.

Wall Street y los banqueros de Puerto Rico compraron para sus clientes más bonos de los que el gobierno de Puerto Rico podría pagar –recuerden la atractiva triple exención contributiva. Ed Morales describe una de las consecuencias comunes de tales problemas financieros: «Cuando la burbuja especulativa del sector financiero estalló en forma de impago de los bonos de Puerto Rico, se instauró una austeridad para proveerle un remedio a los inversionistas». [28]

Austeridad, la medicina prescrita por la Junta Fiscal que el Congreso creó e instaló, ya ha tenido el efecto previsible de deprimir aún más una economía que ya estaba en una situación precaria. Al unirse ello a la inexistencia de planes de desarrollo económico, el desastre es de enormes proporciones. Esa respuesta de la Junta es otra instancia de valerse, en palabras de George Monbiot, «de las crisis como excusa y oportunidad para reducir los impuestos, privatizar los restantes servicios públicos, abrir agujeros en la red de seguridad social, desregular a las corporaciones y re-regular a los ciudadanos». [29]

La tormenta que causó la presente debacle comenzó a formarse hace muchas décadas. La Junta Fiscal ha estado atosigando la peor de las píldoras, en lo que podría ser el golpe final a la esperanza de un Puerto Rico viable. El huracán María, de 20 de septiembre de 2017, fue una entre muchas causas de la devastación de Puerto Rico. Como en 1899, la respuesta de Estados Unidos a los estragos causados por María fue retener la ayuda que le tocaba por ley al archipiélago. [30] En última instancia, los puertorriqueños estamos pagando, de nuevo, la factura.

En 1900, el gobierno de Estados Unidos impuso aranceles a los productos puertorriqueños, lo que resultó en que la población de entonces pagara con creces la escasa ayuda que recibió luego de San Ciriaco. A la misma vez, los banqueros de Boston llegaron para enriquecerse. La austeridad impuesta hoy, y la bienvenida a los John Paulson de este mundo para que aumenten sus enormes riquezas, es otra instancia de repetición de la historia.

[1] Véase Luis Mattei Filardi, En las tinieblas del colonialismo: “Cien metros” de historia puertorriqueña 39–44 (3ra ed. rev. 2017).

[2] José Juan Rodríguez Vázquez, El sueño que no cesa: La nación deseada en el debate intelectual y político puertorriqueño 157 (2004).

[3] Reece B. Bothwell González, 1 Puerto Rico: Cien Años de Lucha Política 89 (1979).

[4] Bothwell González, pág. 90.

[5] Expresó Trías Monge: «Se pensó que la libertad había perdido a América y se sujetó a Cuba y Puerto Rico, con intervalos fugaces, a un régimen de represión continua. La represión … dejó … su huella en las actitudes del puertorriqueño hacia la autoridad. Se van creando así distintos tipos de puertorriqueño: el puertorriqueño resignado y dócil, el obsequioso, el pedigüeño, el acomodaticio, el fiel ejecutor del capricho del gobernante de turno, el tímido solicitante de cambios menudos, y, de otra parte, el puertorriqueño que reclama sus derechos con firmeza, el puertorriqueño rebelde y el puertorriqueño violento». 1 José Trías Monge, Historia constitucional de Puerto Rico 6 (1980).

[6] Const. de EU, Art. IV, Sec. 3, Cl. 2.

[7] 182 U.S. 244, 282 (1901).

[8] Downes, 182 U.S., págs. 286–287. El término en inglés es alien race, el cual también se puede traducir como «raza extraña». Thornburgh destaca que la idea de que los puertorriqueños son una “raza alienígena” (alien race) fue decisiva en el razonamiento del Tribunal Supremo que produjo la doctrina imperialista formulada en Downes, y en subsiguientes decisiones. Dick Thornburgh, Puerto Rico’s Future: A Time to Decide 47 (2007).

[9] Ronald Fernandez, The Disenchanted Island: Puerto Rico and the United States in the Twentieth Century 1 (1992) (traducción mía).

[10] Muriel McAvoy-Weissman, Brotherly Letters: The Correspondence of Henry Cabot Lodge and J.D.H. Luce 1898–1913, pág. 99, en https://revistas.upr.edu/index.php/hs/article/download/4054/3515 (traducción mía).

[11] César J. Ayala & Rafael Bernabe, Puerto Rico in the American Century: A History Since 1898 14 (2007).

[12] Fernandez, supra nota 11, pág. 74.

[13] Id.

[14] Congressional Record, House, 61st Congress, 1st session June 7, 1909 2923; citado en Fernandez, supra nota 11, pág. 57.

[15] Id.

[16] Fernandez, págs. 73–77.

[17] Pedro A. Cabán, Constructing a colonial people: Puerto Rico and the United States 2–3 (1999); James Dietz, Historia Económica de Puerto Rico 127–131 (1989; 2da ed. 2018); Ed Morales, Fantasy Island: Colonialism, Exploitation, and the Betrayal of Puerto Rico 36–37 (2019).

[18] Para una evaluación penetrante y documentada de Operation Bootstrap (Operación Manos a la Obra), véase Fernandez, supra nota 11, págs. 165–172.

[19] Véase Cabán, supra nota 19, págs. 198–199.

[20] Cabán, pág. 199.

[21] Id. Véase también Fernandez, supra nota 11, pág. 62.

[22] 258 U.S. 298 (1922). En Balzac, el tribunal determinó que la «naturalización» masiva de 1917 –que convirtió a los puertorriqueños en «ciudadanos de Estados Unidos»– no cambió la condición de «territorio no incorporado» que el tribunal le asignó a Puerto Rico en la primera década del Siglo 20.

[23] José A. Cabranes, Citizenship and the American Empire: Notes on the Legislative History of the United States Citizenship of Puerto Ricans, 127 Pa. L. Rev. 391, 396 (1978) (traducción mía).

[24] Frank Otto Gatell, The Art of the Possible: Luis Muñoz Rivera and the Puerto Rican Jones Bill, 17 The Americas 1 (1960).

[25] Efrén Rivera Ramos, The Legal Construction of Identity: The Judicial and Social Legacy of American Colonialism in Puerto Rico 145 (2001) (traducción mía).

[26] Balzac v. Porto Rico, 258 U.S. 298 (1922).

[27] Un intelectual, académico y autor puertorriqueño, profesor en Princeton University por más de tres décadas, expresó: «En el saber institucionalizado en las universidades de Estados Unidos, el lugar de Puerto Rico es muy incierto. Como no es ni ‘latinoamericano’ ni ‘norteamericano’, termina por borrarse. Muchos no ven ahí ni sujeto histórico, ni fines. La historia puertorriqueña es un relato que no cuenta, y que, por consiguiente, no se cuenta. No está ni antes ni después, está fuera, sin complejidad, sin heterogeneidades internas, sin tensiones políticas y afectivas. Es el puro no ser». Arcadio Díaz Quiñones, La memoria rota 79 (1993).

[28] Ed Morales, supra nota 19, pág. 72.

[29] George Monbiot, Neoliberalism –The Ideology at the Root of all our Problems, The Guardian, April 15, 2016 (traducción mía).

[30] Michael Deibert, When the Sky Fell: Hurricane Maria and the United States in Puerto Rico (2019).

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Roberto A. Fernández

Writer, amateur saxophonist, lawyer. My book “El constitucionalismo y la encerrona colonial de Puerto Rico” is available at the libraries of Princeton and Yale.