Los Casos Insulares son la punta del témpano de hielo imperial
(Esta es la versión en castellano de la ponencia que le sometí el 12 de junio de 2023 a la U.S. Commission on Civil Rights).
Ríos de tinta se han derramado sobre los Casos Insulares (1901–1922), una serie de decisiones del Tribunal Supremo de Estados Unidos que proporcionaron vestimenta jurídica y legitimación a la empresa imperial estadounidense. Aquí discutiré, no los casos y la llamada «doctrina del territorio no incorporado», sino los factores históricos, económicos, políticos, culturales y sociológicos que han determinado la dominación estadounidense sobre Puerto Rico, los cuales a menudo se descuidan o se ignoran por completo. El discurso jurídico encarnado en los casos es solo una de las varias bases ideológicas de esa dominación. Una breve discusión de los casos será seguida por la mayor parte de mi declaración.
Los casos y su importancia
En los Casos Insulares, el Tribunal Supremo de Estados Unidos inauguró los conceptos de territorio incorporado y no incorporado. Los territorios incorporados son básicamente aquellos destinados a la admisión como estados de la unión. Los territorios no incorporados son colonias de ultramar que han sido tratadas por el Congreso y el gobierno de Estados Unidos en general como destinadas a permanecer así indefinidamente. De acuerdo con dichas decisiones, los derechos de los habitantes de este último tipo de territorios son mayormente de la competencia del Congreso, y no tienen los mismos derechos que ejercen los habitantes de los territorios incorporados o de los estados. De ahí que el «derecho» a participar en las decisiones políticas, como ciudadanos de la polis estadounidense, se les niega a quienes viven en Puerto Rico.
La tarea de estudiar el grado de legitimidad de la dominación estadounidense en Puerto Rico nos obliga a hacer una pausa y analizar el papel de los tribunales en la construcción de un discurso que ha dado sanción jurídica al régimen colonial. Desde 1900, los tribunales de Estados Unidos y Puerto Rico han estado al servicio del statu quo y de la tarea de dar ropaje jurídico al estado de cosas colonial, con los Casos Insulares como la zapata del discurso judicial.
La primera opinión significativa entre los Casos Insulares fue la concurrencia del juez White, en el segundo de los casos, Downes v. Bidwell, 182 U.S. 244, 287–344 (1901). White copió muchos de sus argumentos de las páginas de Harvard Law Review, adoptando de ahí la dualidad de territorio incorporado/no incorporado. El resultado ha sido que Puerto Rico «pertenece a, pero no es parte de, Estados Unidos».
Ha observado un estudioso: «Esta construcción jurídica y política estableció un espacio de indeterminación política y socio-jurídica, o lo que podría describirse como la configuración de un estado permanente de excepción». José Atiles-Osoria, Colonial State Terror in Puerto Rico: A Research Agenda, 5 State Crime Journal 220, 223 (2016) (traducción mía).
El profesor Rivera Ramos ha observado la ironía de pretender arraigar el colonialismo en la Constitución de Estados Unidos. Señala él que la ideología del estado de derecho «ha legitimado el gobierno estadounidense o reforzado la hegemonía estadounidense de dos maneras fundamentales». Efrén Rivera Ramos, The Legal Construction of Identity: The Judicial and Social Legacy of American Colonialism in Puerto Rico 236 (2001). Primero, la ideología del estado de derecho, «como elemento poderoso de la idea de legitimidad en el orden constitucional y político estadounidense, obligó a las élites gobernantes estadounidenses a obtener una declaración autorizada del Tribunal Supremo del país, la cual sancionara su decisión de instalar un régimen colonial en los territorios adquiridos después de la Guerra Hispanoamericana». Id.
Por lo tanto, concluye, «la función principal de la doctrina constitucional de incorporación territorial desarrollada por el Tribunal Supremo en los Casos Insulares» fue «justificar» el ejercicio del poder colonial de Estados Unidos «por referencia al derecho». Id. En consecuencia, «[d]esde entonces, el ejercicio del poder del Congreso sobre Puerto Rico se ha justificado con referencia a la noción de que la Constitución lo sanciona. El derecho del propio estado metropolitano se ha convertido en la base justificativa para el ejercicio del poder imperial». Rivera Ramos, supra, pág. 237.
Constitucionalismo y expansión capitalista
Cuando el arreglo político-estructural original de Estados Unidos de América –los Artículos de Confederación de 1783– demostró ser inadecuado para los intereses económicos de la época, las élites gobernantes redactaron una constitución. El documento que surgió de Filadelfia el 17 de septiembre de 1787, fue diseñado para permitir la expansión, y la concomitante acumulación de riqueza, expansión que culminó en 1890 con el «cierre de la frontera» –un eufemismo para la etapa final de un genocidio; y en 1898, con la adquisición de colonias «de ultramar».
La élite rica que fundó Estados Unidos de América vistió al nuevo país como una república. Sin embargo, esa élite no pretendía que también se pareciese a una «democracia». La mayoría de la gente ni siquiera podía votar en ese entonces. La esclavitud no fue abolida hasta 1865, mientras que las mujeres y los «negros libres» eran, en el mejor de los casos, ciudadanos de segunda clase, mientras que los llamados «indios» eran un obstáculo a ser aplastado. El dictum de igualdad incluido en la Declaración de Independencia se limitaba en realidad a los propietarios «blancos», preferentemente de extracción «anglosajona». El gobierno oligárquico y la ausencia de democracia es una base que ayuda a explicar gran parte de la evolución del capitalismo y la dominación global estadounidense, así como la actual crisis estadounidense y global.
Constitucionalismo capitalista
La Constitución de Estados Unidos protegió la esclavitud, al tiempo que otorgó un poder considerable a los dueños de esclavos en las plantaciones y los estados del sur. Las élites del norte necesitaban a esa gente del sur, tanto su riqueza como su cooperación para crear la estructura gubernamental que querían y requerían para su preciado crecimiento financiero. La Constitución creó un mercado común a través de su cláusula de comercio, al tiempo que otorgaba al nuevo gobierno federal el poder exclusivo de adquirir territorios que se convertirían o no en Estados.
La Constitución también otorgó al gobierno nacional el poder exclusivo sobre la política monetaria, las quiebras y el derecho marítimo, las relaciones exteriores y el comercio con el extranjero, y sobre los tratados. Incluía protección para el cumplimiento de los contratos y una cláusula de supremacía que declaraba que las leyes federales y la constitución son la ley suprema del país, a ser interpretada por el poder judicial federal. También creó la presidencia, otorgando al presidente poderes significativos, no solo como jefe del poder ejecutivo y jefe de estado, sino también como «comandante en jefe» de las fuerzas armadas.
Desde el principio, el monopolio federal sobre la violencia oficial estaría al servicio de la expansión económica. Nada ni nadie detendría el impulso hacia más riqueza, que requería más territorio y nuevos mercados. Los obstáculos del interior y del exterior –«indios», mexicanos, quien fuera– serían aplastados por el Ejército, la Armada y la Infantería de Marina de los Estados Unidos. Las medidas draconianas aprobadas durante las dos guerras mundiales y la «guerra contra el terror» posterior al 11 de septiembre de 2001, ilustran que las tácticas domésticas autoritarias ya han sido ensayadas, desde la Ley de Sedición de 1918 –todavía en los libros– hasta la Patriot Act de 2001.
La Guerra Hispanoamericana se peleó cuando aún persistían los efectos de la Gran Depresión de 1893. Eso no fue una coincidencia. Los asustados empresarios estadounidenses necesitaban nuevos mercados, rápido. El comandante en jefe William J. McKinley accedió y les dio una «guerrita espléndida», al final de la cual Estados Unidos se convirtió en un imperio. No es coincidencia que los estrategas militares, en particular Alfred T. Mahan, hayan estado instando al establecimiento de estaciones de carbón, las bases navales en el Caribe y el Pacífico, y la modernización de la Marina. El imperialismo y el poder militar –o sea, la expansión capitalista– han ido y van de la mano.
La dominación de Estados Unidos sería mayoritariamente una hegemonía económica, reforzada por el poderío militar, que ejercería no solo sobre sus colonias –Puerto Rico, Guam, Filipinas y Hawaii– sino también sobre China y el Lejano Oriente, México, América Central y el Caribe, y América del Sur. Durante las primeras cuatro décadas del siglo 20, las fuerzas armadas de Estados Unidos invadieron y ocuparon México, Cuba, Nicaragua, Haití, República Dominicana, Guatemala, para proteger los intereses de United Fruit, Standard Oil y otras corporaciones y bancos estadounidenses. En un caso de franqueza intrascendente, el general Smedley Butler –que luchó en Filipinas, China y América Central– escribió que había sido «un gángster del capitalismo», al servicio «de las grandes empresas, Wall Street y los banqueros». Véase Oliver Stone & Peter Kuznick, The Untold History of the United States xxxii (2012). Y eso fue Butler, al igual que otros innumerables oficiales y soldados, desde el nacimiento de ese país hasta nuestros días.
La Primera Guerra Mundial fue sobre quién iba a dominar la nueva era imperial, que comenzó en la década de 1880 con la división de África por parte de las potencias europeas, y en 1898 con Estados Unidos prevaleciendo en la Guerra Hispanoamericana. El imperialismo en ambos lados del Atlántico fue obra de élites inquietas, que llevaron a los gobiernos a que los asistieran en su penetración económica más allá de las fronteras de los mercados limitados de sus respectivos naciones-estados. Esa penetración requería ejércitos. La Segunda Guerra Mundial –que fue la continuación y conclusión de la Guerra de 1914, luego de una tregua de 20 años– terminó siendo sobre quién iba a tomar las riendas en el mundo post-imperial. Las ex colonias que pasaron a ser naciones luego de esa guerra seguirían siendo dominadas pero, ¿quién sería su principal dominador?
Woodrow Wilson tenía la mente lo suficientemente clara como para saber que su trabajo consistía en apoyar la expansión estadounidense, es decir, nuevas oportunidades para obtener aún más ganancias. Las invasiones que ordenó durante sus dos mandatos y la participación en la guerra europea conocida como Primera Guerra Mundial, se derivaron de ese papel primordial del gobierno de Estados Unidos, facilitado por la Constitución de 1787. El «santo» Franklin Delano Roosevelt también estaba al tanto de ese papel, y no tuvo reparos en instalar y apoyar a tiranos en países donde las corporaciones estadounidenses habían estado causando estragos durante décadas, generalmente con soldados estadounidenses o «locales» como sus ejecutores. Sobre el primero de la dinastía Somoza en Nicaragua, se informa que F.D.R. exclamó: «Será un hijo de puta; pero es NUESTRO hijo de puta». Que no lo haya dicho en realidad sería irrelevante.
El capitalismo estadounidense llega a Puerto Rico
Es ese escenario histórico el que explica la aventura imperial estadounidense en Puerto Rico. Incluso antes del 25 de julio de 1898, cuando Estados Unidos invadió Puerto Rico, los capitalistas y políticos estadounidenses ya contaban con su anexión como un lugar para la expansión comercial y la especulación. Entre ellos se encontraban empresarios y financieros de Boston, que llegaron a Puerto Rico inmediatamente después de la firma del Armisticio de 12 de agosto. Uno de ellos, John Dandridge Henley Luce (1855–1921), era amigo íntimo y cuñado del entonces Senador de Massachusetts, Henry Cabot Lodge (1850–1924). El 15 de julio, diez días antes de la invasión, Luce le escribió a Lodge: «¡Como imperialista, puede que no te sorprenda que desee estar en la primera fila de la expansión colonial! En resumen, estoy muy ansioso por ir a Porto Rico [sic]». Muriel McAvoy-Weissman, Brotherly Letters: The correspondence of Henry Cabot Lodge and J.D.H. Luce 1898–1913, en stahttps://revis.upr.edu/index.php/hs/article/download/4054/3515.
Luce y sus socios querían, proseguía la carta, «conseguir, si es posible, que el Secretario del Tesoro nos convierta en depositarios del gobierno de Estados Unidos». Lodge los complació, ayudándolos a que su banco recién creado fuera designado como agente fiscal del gobierno militar de Estados Unidos en Puerto Rico. Luego de la intervención del propio presidente McKinley, todos los depósitos del gobierno militar estadounidense en Puerto Rico fueron a parar a su banco. Para 1899, tenían suficiente dinero para comprar la Central Azucarera de Aguirre, entonces de unos 2,000 acres. Su empresa capitalista inició una tendencia, que sobrevive hasta el día de hoy, de usar la isla para ganar dinero y huir del lugar con la mayor parte del botín. Puerto Rico ha sido una fuente de tierra barata y mano de obra más barata, un paraíso fiscal, un lugar con ingenieros, técnicos y trabajadores administrativos de cosecha propia –trabajadores capaces, disciplinados, pero baratos– al servicio de las corporaciones estadounidenses y de sus ganancias.
De hecho, Puerto Rico ha sido un paraíso fiscal estadounidense desde 1900, en cuatro etapas de explotación capitalista a veces superpuestas: el monocultivo azucarero (1900–1940, cuando los trabajadores de la caña estaban literalmente entre los condenados de la Tierra); la industrialización por incentivos fiscales (1946–2006, no solo con incentivos fiscales, sino con abundancia de mano de obra barata); los bonos del gobierno con exención triple de impuestos (lo que nos trajo al infierno de la deuda); y la actual era de los John Paulsons y Brock Pierces de esta vida (que fue posible gracias a las llamadas Leyes 22 y 60 de Puerto Rico, promulgadas por gobernadores y legislaturas de Puerto Rico que supuestamente ambicionan la estadidad, pero que lo único que codician es tener acceso a nuevas formas de dinero fácil).
Los capitalistas son implacables en su manía de expansión. La política es autogobierno, es decir, gobierno por consentimiento, basado en la deliberación, la persuasión y el consenso, en busca del bien común. En la Europa del siglo 19, los capitalistas –la «burguesía»– comenzaron a socavar la política (o su posibilidad). Arendt expuso cómo los capitalistas europeos abandonaron su preferencia por dejar el gobierno a los aristócratas, lo que provocó la expansión imperialista de finales del siglo 19 y principios del 20. El capitalismo produjo así el imperialismo, comenzando con la dominación sobre África. Así comenzó la era del capitalismo globalizado. Véase Hannah Arendt, The Origins of Totalitarianism (1951).
Ha sido fundamental reflexionar sobre si la lógica del capitalismo, el eterno impulso de expansión, es una antítesis de la política e incompatible con los límites geográficos y humanos del estado-nación. Arendt dijo que tal antítesis e inconsistencia son inevitables. Argumentó que el estado-nación no es apto para la expansión, para el «imperialismo», porque está «basado en el consentimiento activo de una población homogénea a su gobierno». Arendt, supra pág. 125. Por lo tanto, en el caso de la conquista, tendría que «imponer el consentimiento en lugar de la justicia, es decir, degenerar en tiranía». Id. Después de todo, el consentimiento genuino «no puede extenderse indefinidamente, y rara vez, y con dificultad, se obtiene de los pueblos conquistados». Arendt, supra pág. 126.
Los ricos y los aspirantes a serlo vieron en los límites del Estado-nación regulador un obstáculo a ser eliminado, no sin antes utilizarlo como su instrumento para posibilitar su preciada expansión capitalista por todo el mundo. Además, el capitalismo puede, en última instancia, resultar incompatible con la democracia, en desacuerdo con el bien común al que se supone que aspira o posibilita la democracia. Podría decirse que vivimos en los albores de una plutocracia totalitaria porque, como escribió Arendt, «solo la acumulación ilimitada de poder podría generar la acumulación ilimitada de riqueza». Arendt, supra pág. 137.
A partir de 1898, la adquisición de «territorios de ultramar» por parte de Estados Unidos sólo es inteligible como una nueva etapa en la expansión capitalista, por lo que Arendt ha llamado «necesidad económica». La lógica del capitalismo es la expansión ilimitada, y el estado-nación demostró ser demasiado limitado, su población demasiado pequeña, para semejante monstruo. Pedro Cabán lo expuso, señalando los disloques económicos y los desórdenes políticos que tuvieron lugar en Estados Unidos durante las últimas décadas del siglo 19. Pedro A. Cabán, Constructing a Colonial People: Puerto Rico and the United States 15–25 (1999). Las crisis cíclicas impulsaron a los capitalistas y legisladores estadounidenses a embarcarse en una expansión económica fuera de los límites geográficos de su estado-nación, la expansión que llamamos «imperialismo». Exactamente la misma dinámica estaba ocurriendo en Europa, y la respuesta también era la misma: expansión imperialista para hacer posible la expansión capitalista.
Después de 1898, la economía y las instituciones puertorriqueñas se reorganizaron para satisfacer los intereses económicos y estratégicos de Estados Unidos. El cuñado de Lodge fue uno de los primeros entre innumerables quienes, hasta el día de hoy, van a la isla a ganar dinero pagando poco o nada de impuestos, pagando salarios más bajos que los que tendrían que pagar en otros lugares y sin reinvertir sus ganancias en Puerto Rico.
A principios del siglo 20, la eliminación de cualquier posibilidad de desarrollo económico autónomo produjo un empobrecido ejército de trabajadores agrícolas, del cual las compañías azucareras, en su mayoría estadounidenses, sacaron su mano de obra mal pagada y desnutrida. Fue un sistema de peonaje, ya implantado en el sur de Estados Unidos después de 1865, que mantuvo durante décadas a una parte importante de la población afroamericana en un estado de pseudo esclavitud.
Para 1930, los puertorriqueños eran más pobres y más explotados de lo que habían sido bajo el dominio español. Las modestas reformas posteriores a la Segunda Guerra Mundial y una nueva ola de inversión estadounidense, esta vez principalmente industrial en lugar de agrícola, se explican por el auge de la posguerra, la Guerra Fría y las presiones del movimiento anticolonial. El modelo de industrialización por invitación, que incluía exenciones de impuestos y ganancias casi garantizadas, comenzó a fallar ya en la década de 1960 y finalmente se derrumbó. Como explica Morales, la inversión industrial fue sustituida gradualmente por productos financieros tóxicos, encabezados por los bonos municipales de Puerto Rico, que presentaban una atractiva triple exención de impuestos. Ed Morales, Fantasy Island: Colonialism, Exploitation and the Betrayal of Puerto Rico (2019).
Privado de los medios para un crecimiento económico autónomo y autopropulsado, el gobierno de Puerto Rico se convirtió en el principal empleador de la isla, mientras que finalmente cayó en la trampa de la deuda para seguir operando. Sin duda, su colapso financiero se aceleró o empeoró por malas políticas, muchas de ellas de naturaleza neoliberal, así como por la corrupción abierta de una élite gobernante alineada con el neoliberalismo y que despliega un desprecio profundo y monstruoso hacia sus compatriotas puertorriqueños.
Wall Street vendió a sus clientes más bonos puertorriqueños de los que el gobierno de la Isla podría pagar. Ed Morales describe cómo, cuando estalló la burbuja especulativa en forma de incumplimiento, se impuso la austeridad para proporcionar un remedio a los inversores. Morales, supra, pág. 72. La austeridad, la medicina prescrita por la Junta Fiscal creada por el Congreso, tuvo el efecto previsible de deprimir aún más una economía que ya estaba en una situación desesperada.
El huracán María fue solo una entre varias causas de la devastación de Puerto Rico, una tormenta que comenzó a formarse hace décadas. La Junta de Control Fiscal administra la peor de las píldoras, en lo que podría ser el golpe final a la esperanza de un Puerto Rico recuperado y más fuerte. Al igual que en 1899, la respuesta del gobierno de Estados Unidos ante los estragos provocados por María y por la Junta Fiscal ha sido ayudar lo menos posible, mientras que al final los puertorriqueños pagarán la cuenta. En 1900, el gobierno de Estados Unidos impuso aranceles a los productos puertorriqueños, lo que hizo que la población de la isla pagara muchas veces la escasa ayuda que recibieron después de la devastación de una tormenta en 1899. La «austeridad» de hoy, y la venta de la Isla en beneficio de los John Paulson de esta vida, es un caso de repetición de la historia, con creces.
Asimetría de poder y estasis colonial
A partir de la Ley Foraker de 1900, tres proyectos de ley del Congreso que se convirtieron en ley organizaron la estructura del gobierno «local» de Puerto Rico. Además de permitir que los votantes de Puerto Rico elijan una Cámara de Delegados, un Comisionado Residente que los represente en el Congreso y algunos miembros de un Consejo Ejecutivo, la Ley Foraker estableció el marco legal básico de la dominación estadounidense, incluso el poder legislativo federal plenario sobre el archipiélago y su gente.
La Ley Jones de 1917 mantuvo al gobernador como designado presidencial, pero permitió a los votantes elegir a los miembros de una legislatura bicameral. Incluía una disposición de «naturalización» masiva. Los políticos estadounidenses de esa época no se preocuparon por ocultar su razón para esa imposición de la ciudadanía estadounidense: reforzar el control sobre la colonia y sus sujetos. Véase, e.g., Cabán, supra págs. 198–203.
El Congreso enmendó su Ley Jones en 1947 para permitir que los puertorriqueños eligieran al gobernador, lo que hicieron en las elecciones de 1948. La Ley 600 de 1950 convirtió las disposiciones de las Leyes Foraker y Jones que definían la hegemonía estadounidense en la Ley de Relaciones Federales y delegó en los puertorriqueños la elaboración de una nueva estructura para su gobierno «local», sujeto a la aprobación del Congreso. Esa estructura, el llamado Estado Libre Asociado de Puerto Rico, cumplió 70 años en 2022 –llegó a esa edad mucho más maltrecho que un ser humano que los cumple a la vez que padece de decenas de condiciones de salud.
Mientras tanto, el Congreso es soberano en Puerto Rico, como lo ha sido desde el Tratado de París de 1898. Eso fue reiterado en la decisión de 2016 en Commonwealth of Puerto Rico v. Sánchez Valle, №15–108, 579 U.S. ___ (2016 ), donde el Tribunal Supremo de Estados Unidos sostuvo que el Congreso sigue siendo el soberano en Puerto Rico, con poder plenario sobre «el territorio». Los poderes del gobierno del estado libre asociado derivan, dijo la Corte, no de la soberanía popular, sino del Congreso, que es la fuente última de la autoridad de ese gobierno.
En un informe de 2015, el Servicio de Investigación del Congreso (Congressional Research Service) afirmó que, «si el Congreso decidiera alterar el estatus político de Puerto Rico, podría hacerlo a través de una ley. En última instancia, la Cláusula Territorial de la Constitución de los Estados Unidos otorga al Congreso una amplia discreción sobre Puerto Rico». Véase R. Sam Garrett, Political Status of Puerto Rico: Brief Background and Recent Developments for Congress, en https://crsreports.congress.gov/product/pdf/R/R44721. Los proyectos de ley del Congreso destinados a una reforma significativa del estatus colonial, o a ponerle fin a la subordinación colonial, nunca se han promulgado como ley. La realidad es que la dominación sobre Puerto Rico nunca ha sido un problema para Estados Unidos. Por lo tanto, la «solución» al colonialismo sigue sin provenir del gobierno estadounidense.
Es plausible plantear que la asimetría de poder ha contribuido a la inercia, mientras que el colonialismo, una variante del poder como dominación, no se ha visto alterado por más de 120 años de los «trucos de los débiles». La principal táctica desplegada por el pueblo y los políticos puertorriqueños, proveniente de una cosmovisión de impotencia, ha sido reclamar la descolonización (o, más modestamente, poderes de gobierno adicionales) invocando los principios morales y democráticos sobre los que supuestamente se construye la nación estadounidense. Eso nunca ha funcionado, por supuesto.
«Nación» y «nacionalidad» son términos culturales. Puerto Rico es una nación, porque los puertorriqueños se reconocen como únicos entre los pueblos del mundo; y son considerados por el resto del mundo como únicos, reconocibles por nuestro arte, literatura, música, visión del mundo, personalidad colectiva, luchas y peculiaridades. Llamar a Estados Unidos «nuestra nación», como les gusta hacer a los políticos a favor de la estadidad como el gobernador Pierluisi y la comisionada residente González, repite un patrón de 125 años de supuestos «líderes» que favorecen la estadidad quienes, al actuar como aduladores de los Estados Unidos –a la vez que se quejan de que nos mantiene como colonia– nunca han tenido influencia importante alguna en el Congreso, pues son porristas (cheerleaders) incondicionales del imperio.
Según esos incondicionales, Estados Unidos no solo es «nuestra nación», sino que ya no existe tal cosa como «el Pueblo de Puerto Rico». Según ellos, ahora somos «ciudadanos estadounidenses viviendo en Puerto Rico». (No me considero un «nacionalista», pero no puedo negar ni ocultar el hecho de que somos puertorriqueños, no gente que viven en un archipiélago abandonado a su suerte en el Caribe, aunque anhelado por los acaparadores y desplazadores estadounidenses).
Para Concluir
Desde 1898, y durante 125 años, los funcionarios y legisladores estadounidenses y estadounidenses han considerado a los puertorriqueños como un pueblo distinto (al tiempo que se sienten superiores a nosotros). Esa es otra indicación (innecesaria) de nuestra nacionalidad. Ahora estamos siendo desplazados y aniquilados: Genocidio sin cámaras de gas.
Estadounidenses adinerados, los crypto dudes, los multimillonarios de los hedge funds como John Paulson y otros (todos ellos evasores de impuestos para los cuales las administraciones a favor de la estadidad legislaron un nuevo tipo de paraíso fiscal en la isla) están comprando bienes raíces a bajo precio; cerrando el acceso a las playas (en violación de la ley de Puerto Rico, pero ¿a quién le importa?); construyendo nuevas monstruosidades en lo que se supone que son santuarios ecológicos protegidos y sitios históricos como el Viejo San Juan (también ilegal, y ciertamente poco ético, destructivo y bárbaro).
Mientras tanto, los puertorriqueños o bien se van de la isla (debido al empobrecimiento económico y social provocado por más de un siglo de explotación y subdesarrollo capitalista, acelerado en los últimos veinte años por nuevas formas de explotación y desplazamiento, la destrucción de los bienes públicos educación y de la ex-joya de la corona –la Universidad de Puerto Rico); o nos aferramos desesperadamente a los últimos retazos de esperanza y optimismo.
Para los congresistas, Puerto Rico y los puertorriqueños son –siempre han sido– invisibles. Para ellos, esa invisibilidad ha sido nuestro principal estatus durante más de 120 años. Los miembros del Congreso, vivos y muertos, nunca se han sentido inclinados a tomar conciencia de las realidades y consecuencias del perpetuo dominio estadounidense sobre Puerto Rico. Tienen los recursos para recibir sesiones informativas e informes sobre el tema, pero eso difícilmente puede sustituir a una conciencia orgánicamente desarrollada y a una comprensión profunda.
Los estudios e informes del gobierno federal sobre Puerto Rico, incluidos los del Servicio de Investigación del Congreso, abordan cuestiones legales («constitucionales») y las implicaciones políticas de mantener a Puerto Rico como colonia o reformar la situación actual. Sin embargo, desde la perspectiva puertorriqueña, esos aspectos son la proverbial punta del iceberg.
Tal indiferencia histórica e ignorancia de la mayoría de los miembros del Congreso palidece en importancia cuando se compara con un tipo de ignorancia más insidioso y dañino: el tipo que hace que los humanos se consideren individual y culturalmente superiores a otros humanos y pueblos. En Estados Unidos, esa ignorancia se basa en nociones de excepcionalidad, así como de preeminencia nacional y racial.
La otredad racista o racializada es sin duda una señal de ignorancia, y siempre ha sido una característica importante de la perspectiva de la mayoría de los miembros del Congreso. Esa cosmovisión es el resultado de una cultura con enfermedades intratables.
Para los puertorriqueños, la tutela del Congreso ha sido y seguirá siendo un obstáculo para la consecución de una justicia tardía y de una oportunidad de prosperidad. El otro escollo ha sido y sigue siendo el capitalismo estadounidense, que en Puerto Rico siempre ha significado explotación al servicio de las ganancias de unos pocos estadounidenses, y menos puertorriqueños en la cima del orden jerárquico. Al igual que en los 50 estados, el capitalismo ha producido un ethos consumista, parroquial y solipsista que anula todos los intentos de movernos hacia cosmovisiones y praxis alternativas, más en sintonía con los lazos comunitarios, el desarrollo sostenible, la solidaridad social, la profundidad cultural y la creatividad.
Los puertorriqueños no son estadounidenses, no se sienten como tales, y los «americanos» nunca nos han visto como tales. Hace décadas que debió llegar el momento de descolonizar a Puerto Rico. La política actual es la misma que existe desde 1900: inercia, explotación económica continua; y devastación cultural, social, espiritual y ecológica.
Tratar la subordinación política de los puertorriqueños como un asunto de «violación de derechos civiles» es inadecuado, engañoso e ineficaz. También oculta el hecho de que la dominación imperial/capitalista de Estados Unidos sobre nosotros es un fenómeno estructural y complejo, enraizado no solo en el ímpetu económico y político discutido, sino también en tácticas ideológicas y míticas, incluido el sentido estadounidense de excepcionalidad y/o de superioridad racializada o racista –articulada, incluso con una franqueza casi refrescante, en Downes v. Bidwell, supra. Además, esconde la monstruosidad del imperialismo y de la explotación capitalista del pueblo puertorriqueño, que es una nación única, y merecedora de un trato digno y justo.
